En su Sesión Plenaria de junio de 2021, el Parlamento Europeo (PE) contempló en su orden del día celebración de un debate con significación especial, por lo sensible del objeto y por la reiteración de una controversia crítica, rayana en la razón de ser más existencial de la UE. El habitual debate con la Comisión y el Consejo brindó ocasión para discutir, de nuevo, el cumplimiento de los compromisos aprobados en su día por el PE para que se movilizase cuanto antes el Fondo de Recuperación (EU Next Generation), crucial para dejar atrás el enorme daño social de la crisis de Covid, en paralelo a la exigencia para el acceso a las ayudas del estricto cumplimiento de los estándares europeos que conocemos como Rule of Law (ver aquÍ).
A esas alturas, es tristemente conocido el retroceso que estos valores comunes y principios constitucionales consagrados por el Derecho europeo (art. 2 TUE) vienen experimentando en los autodenominados “regímenes iliberales”. Esta inquietante tendencia ha sido motivo recurrente de preocupación en los debates y Resoluciones de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE), respaldadas luego en Pleno, sobre los notorios casos de las ofensivas ultraconservadoras y antieuropeas de los Gobiernos de Viktor Orbán en Hungría (desde 2010, con la primera Resolución adoptada en 2016, seguida luego de otras muchas) y de Jaroslaw Kaczynski en Polonia (desde 2015, con la primera Resolución adoptada en 2018, seguida después de otras muchas).
Especialmente en lo que atiene al respeto a la(s) minoría(s) y la diversidad en las sociedades abiertas, la UE sigue confrontando un mayúsculo desafío intraeuropeo con la deriva autoritaria e iliberal del Fydesz y del PiS. Como expresión paroxística de su desatada estrategia de restricción de todos los espacios de pluralismo y respeto a la diversidad, el Gobierno húngaro de Fydesz perpetró en 2022 un zarpazo a los valores comunes de la UE con la aprobación de una delirante Ley antiLGTBI, a la que demoniza como “ideología gay” y “cuerpo extraño” a los valores patrios, contraponiéndolos ofensivamente a los valores europeos. Su intención es meridiana: frente a la Resolución aprobada por amplia mayoría del PE de declarar la UE como una “LGTBI freedom zone” (área de libertad para las personas LGTBI), Hungría insiste, por su parte, en la senda homófoba y tránsfoba que comparte con Polonia de autodeclararse “LGTBI free zone” (área libre de personas LGTBI).
Para responder con justicia, equidad, certeza y la cabeza fría a tamaño desafío hay que calibrar que la eventual salida de esos gobernantes díscolos con sus países a cuestas desprotegería el estatuto de ciudadanía europea de 10 millones de húngaros y 40 millones de polacos. En cuanto a la ofensiva antiLGTBIQ desatada desde Hungría por su Gobierno ultraconservador, y continuada luego por su epígono polaco, nadie en el PE discute el derecho que asiste a los padres para velar por la educación de sus hijos e hijas. Pretender que un debate monográfico -como el de julio de 2022 en el Pleno de Estrasburgo- sobre la inaceptable Ley anti-LGTBI del Parlamento de Hungría tenga algo que ver con el cuestionamiento de este principio general, como escuchamos en las protestas del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán y de sus propagandistas, raya el colmo de la hipocresía. En ningún lugar de la UE necesitan los menores ser “protegidos” contra la difusión de contenidos informativos o educativos acerca de la diversidad de orientación sexual o de identidad de género. ¡Sí necesitan, en cambio, ser 2 protegidos contra la homofobia y el discurso del odio! La razón es palmaria: y es que la homosexualidad no es contagiosa; no es ningún “mal” ni “amenaza” ante la que “proteger” a nadie: ¡los prejuicios y el odio sí lo son! Siquiera sólo por esto, la indecente Ley antiLGTBI aprobada por el Parlamento Húngaro no sólo resulta frontalmente contraria a los valores fundantes de la UE consagrados en el art. 2 TUE -y cuya violación se sanciona con el procedimiento extraordinario contemplado en el art. 7 TUE-, sino que es también incompatible con el Derecho Europeo legislado y en vigor. ¿O es que acaso no han leído los arts. 11 (libertad de expresión y de comunicación de información), 20 (igual dignidad de todas las personas sin discriminación), y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/ CDFUE (prohibición de discriminación por razón de orientación sexual)?
Asociar e incluso identificar, como sugiere la Ley húngara, homosexualidad y pederastia, es una ignominia abyecta. La pederastia es un delito grave en todos los Estados miembros (EEMM) de la UE, y debe ser perseguido sin cuartel y castigado. Diferentemente, la igual dignidad de todas las personas sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género no sólo no es un delito, sino que es un derecho fundamental vinculante para todos los EEMM de la UE (art. 21 CDFUE, en vigor desde 2009 “con el mismo valor jurídico” que el Tratado de Lisboa -art. 6.1 TUE-). Pero es lo cierto que, en el curso de los más de 10 años en los que Viktor Orbán, al frente del Gobierno de Fydesz, viene ejecutando sin pausa ni escrúpulo su deliberado plan de desmoronamiento constitucional en Hungría (“Constitutional Breakdown”), el PE ha hecho cuanto ha estado en su mano para plantarle cara a su estrategia liberticida y hablarle con claridad.
Fue el PE el que en 2017 activó el procedimiento de sanción extraordinaria del art. 7 contra Hungría por constatar un “riesgo cierto” (Clear Risk) de “violación grave” y sistémica (Serious Breach) de los valores del art. 2 TUE. Y es el PE el que continúa exigiendo al Consejo de la UE para que haga de una vez su parte del trabajo y deduzca consecuencias del art. 7 TUE por mayoría cualificada. Fue el PE el que estableció el Marco de Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales (Rule of Law Framework) con el que, desde 2020, la Comisión Europea examina a todos los EEMM, con alcance general y preventivo, periodizado (anualmente) y sobre parámetros objetivos. Ha sido el PE el que ha urgido una y otra vez a la CE, con sus Resoluciones, para que incoe contra Hungría los correspondientes Procedimientos de Infracción por su contumaz violación del Derecho de la UE (ver aquÍ). Ha sido el PE el que ha regulado el Reglamento (Ley europea) de Condicionalidad del acceso de los Fondos de la UE al cumplimiento del Estado de Derecho (Rule of Law Conditionality) (comentado por el Blog, aquÍ y aquÍ). Y ha sido el PE la Institución que ha demandado con reiterada insistencia a la CE que impida al Gobierno de Orbán continuar corrompiéndose con los dineros de la UE sin entender de qué va ser EM de un club que asegura, sí, ciertos derechos, pero impone también obligaciones de respeto a sus valores. Y sin comprender tampoco que el “respeto del Derecho” que garantiza el TJUE (art. 19 TUE) es la regla esencial por la que se está en la UE. ¡Y es el PE el que dice a Orbán que su grotesca Ley anti-LGTBI no tiene cabida en la UE! Como tampoco los crímenes de odio, ni asesinatos homófobos como el que segó la vida del joven Samuel Luiz en España o atentados liberticidas como el que sufrió en Ámsterdam (Países Bajos) el periodista Peter R. Vries. ¡Sí tienen su lugar en la UE esos millones de húngaros/as que resisten contra Orbán, afirmando sus derechos frente a los atropellos que les inflige su Gobierno cada día más antieuropeo! Y por eso, Pleno tras Pleno, el PE les dirige su mensaje, alto y claro: “¡No estáis solos! ¡Este PE 3 os representa! ¡Defiende vuestra igual dignidad de ciudadanía europea! ¡Vuestra indignación y vuestra lucha son las nuestras, las de tod@s l@s euroepe@s!”.
Abundando en esta controversia, en el Pleno del PE suscitó fuerte discusión la reciente y ominosa ley antiLGTBIQ, que resulta ser una ley aprobada por el Parlamento de Uganda, marzo de 2023, por la que se penaliza con la condena a muerte la homosexualidad. Tan aberrante normativa sacude, sin duda, la conciencia del Parlamento Europeo (PE), como puso de manifiesto el inevitable debate que tuvo lugar al respecto con la CE y con el Consejo. Porque es de todo punto inaceptable tal brutalidad penal en un país que recibe ayuda masiva - cooperación al desarrollo- de los Fondos de la UE. Y este es un caso claro en que la diplomacia europea -con toda su capacidad de influencia y coerción- debe servir al propósito de que semejante norma no llegue a aplicarse en ningún caso. Igualmente, inaceptable, la última ley adoptada por el Parlamento húngaro contradice, en una nueva e intolerable vuelta de tuerca regresiva en materia de derechos, que permite denunciar a las familias integradas por personas del mismo sexo que tengan hijos a su cargo. Simplemente inaceptable el Derecho europeo. Por tanto, esa ley deberá ser recurrida por la Comisión Europea con el apoyo expreso del Pleno del PE.

Per rimanere aggiornato sulle novità di EUblog iscriviti alla Newsletter!